Caso Paulina: Aborto en Baja California

En julio de 1999, tuvo lugar un caso emblemático en México relacionado con el aborto en casos de violación. En ese momento, una joven de 13 años llamada Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, residente de Mexicali, quedó embarazada como resultado de una agresión sexual perpetrada por un intruso que intentó asaltar su hogar. A pesar de que, el aborto es legal en Baja California por esta razón, Paulina enfrentó una serie de abusos y obstáculos después de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Desde un inicio no se le proporcionó información sobre la anticoncepción de emergencia ni se le informó sobre su derecho a abortar si así lo deseaba. Luego, cuando finalmente se autorizó la interrupción de su embarazo en septiembre de ese año, se le obligó a hacerlo en un hospital público. Aunque eligió el Hospital General de Mexicali en octubre, el personal del hospital puso múltiples trabas para no atenderla adecuadamente.

Fue sometida a una campaña de persuasión llena de información sesgada y falsa, tanto por grupos religiosos que la confrontaron con imágenes perturbadoras de fetos como por el gobierno estatal, que le prometió indemnizaciones y asistencia para ella y su futuro hijo, promesas que nunca se cumplieron. Incluso, el director del hospital en ese momento, Ismael Ávila Íñiguez, le mintió diciéndole que quedaría estéril o moriría si seguía adelante con el aborto. Incluso el procurador de justicia local, Juan Manuel Salazar Pimentel, la llevó a hablar con un sacerdote, a pesar de que el Estado mexicano se rige por la laicidad desde 1857. Finalmente, lograron que Paulina desistiera de su decisión, y dio a luz a un niño en el año 2000.

Consecuencias del caso

Caso Paulina: Aborto en Baja California. El Partido Acción Nacional, que estaba en el poder en ese momento en el estado, ganó las elecciones presidenciales en el año 2000. Como resultado, las autoridades simplemente olvidaron las promesas que le habían hecho a Paulina y los abusos que sufrió, sin que se tomaran medidas en su contra. Por lo tanto, varias organizaciones de derechos humanos se acercaron para brindarle apoyo.

El 3 de marzo de 2000, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California emitió la Recomendación 2/2000 dirigida a Alejandro González Alcocer, quien era el gobernador en ese momento. La CNDH emitió una resolución a favor de la menor, confirmando que se habían violado sus derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, la información, la libertad, la dignidad, la intimidad, la confidencialidad, la legalidad, la fundamentación y la competencia. Como resultado, el 18 de septiembre de 2000, se emitió la Recomendación 18/2000.

Luego, se intentó llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que imputó responsabilidad internacional por la violación de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, en 2006, ambas partes llegaron a una solución amistosa, el Acuerdo 161/02, en el que la Secretaría de Salud federal se comprometió a actualizar la NOM 190-SSA1-1999, relacionada con la atención médica en casos de violencia familiar, para incluir la violencia sexual fuera del ámbito familiar. Esto resultó en la creación de la NOM-046-SSA2-2005, que hasta la fecha ha sido un hito en la asistencia a muchas víctimas de violación en todo México, permitiéndoles ejercer su derecho al aborto legal sin enfrentar obstáculos que las revictimicen.