Feministas de Puebla y Tlaxcala se unen por aborto legal en México.

Feministas de Puebla y Tlaxcala se unen por aborto legal en México. Organizaciones de los estados de Puebla y Tlaxcala se unieron a la Declaratoria Política que aboga por la legalización y seguridad del aborto. Esta declaración fue previamente firmada por feministas de 28 estados en todo el país, quienes expresaron su deseo de que el aborto se considere un tema de salud pública y se elimine su carácter penal.

Cinthya Ramirez Rodriguez, la representante y vocera de REDfine Puebla, compartió en sus plataformas de redes sociales un llamado a la clase política y partidaria de México, instándoles a comprometerse con la democracia, la justicia y la separación entre iglesia y estado como elementos fundamentales para garantizar los derechos reproductivos, la despenalización y el acceso efectivo al aborto seguro.

En Tlaxcala, se unieron a esta causa Marea Verde Tlaxcala, Red de Acompañantes Tlaxcala, entre otras.

La Declaratoria Política a con opiniones favorables del Aborto Legal y Seguro es inclusiva y abarca a todas las mujeres, trans, no binarias, indígenas, afromexicanas, acompañantes, mujeres con discapacidades y/o personas con capacidad de gestar. A pesar de los avances en las garantías de derechos sexuales y reproductivos, así como la despenalización del aborto en varios estados y las múltiples decisiones favorables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reconoce la presencia de «retrocesos democráticos sobre la desigualdad y obstaculizan la protección del marco de derechos humanos.»

«En este momento crítico, entendemos la importancia de implementar diversas estrategias para avanzar en la despenalización y el acceso al aborto seguro, lo que incluye enfoques legales, judiciales, de acompañamiento y despenalización social”.

«En vista de las elecciones de 2024 en México, es esencial abordar los desafíos relacionados con la salud y los derechos reproductivos, incluyendo el aborto legal y seguro. Por lo tanto, hacemos un llamado a quienes buscan cargos públicos y representación a nivel local, estatal y federal, así como a las autoridades comunitarias, para que se comprometan a:

1. Ya no emplear el sistema legal penal para determinar quién, en qué condiciones y bajo qué circunstancias puede acceder al aborto de forma legal y segura, abandonando el modelo de plazos.

2. Destinar presupuestos adecuados a nivel federal y local para asegurar la disponibilidad de servicios de salud de alta calidad que permitan acceder a abortos seguros. Estos fondos deben garantizar que todas las personas, sin importar su situación económica, puedan acceder a servicios oportunos, adecuados y de calidad.

3. Garantizar el suministro constante de medicamentos y otros suministros necesarios para llevar a cabo el aborto de manera segura en los sistemas de salud pública. Asimismo, eliminar las barreras que dificulten el acceso a medicamentos como el Misoprostol y la Mifepristona.

4. Acceso integral a los servicios de salud reproductiva, teniendo en cuenta la orientación sexual, la identidad de género, las condiciones de salud y la situación migratoria de cada persona.

5. Mejorar los códigos penales y las leyes de salud de todos los estados federativos con los estándares más altos de protección de derechos, eliminando el carácter penal y abordando el aborto como una cuestión de salud pública.”