Aborto legal en Chiapas. La reciente reforma al Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Chiapas marca un hito en la lucha por los derechos reproductivos en México. Este cambio busca garantizar que las mujeres y personas gestantes en el estado puedan tomar decisiones libres sobre su cuerpo, en línea con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN declaró inconstitucionales varios puntos del Código Penal local por criminalizar de forma absoluta la interrupción del embarazo y restringir derechos fundamentales como la autonomía, la salud y el libre desarrollo de la personalidad.
El Artículo 181 del Código Penal chiapaneco, en su redacción actual, solo permite el aborto en casos específicos como violación, peligro de muerte para la mujer o malformaciones graves del feto. Sin embargo, estos supuestos fueron señalados como insuficientes por la SCJN, que ordenó adecuar la normativa para proteger de manera integral los derechos de las mujeres. Esto también incluye facilitar el acceso a servicios médicos seguros para quienes opten por interrumpir su embarazo.
La iniciativa legislativa en Chiapas es impulsada por diversos actores políticos y sociales, con un compromiso por incorporar las demandas de grupos defensores de los derechos de las mujeres. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente del Congreso estatal, ha asegurado que se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la propuesta, que incluirá la reforma al Código Penal y consultas con sectores clave para garantizar un marco jurídico equitativo.

Un paso histórico hacia los derechos reproductivos en Chiapas
Es importante destacar que este proceso de interrupcion legal del embarazo no busca imponer decisiones a las mujeres, sino ofrecerles opciones seguras y legales, en un entorno que respete su autonomía. La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez subrayó que este cambio no obliga a abortar, sino que protege a quienes decidan hacerlo, evitando criminalización y promoviendo la atención médica adecuada.
Con esta reforma, Chiapas se une a la creciente lista de estados mexicanos que avanzan hacia la despenalización del aborto, consolidando el acceso a derechos reproductivos como parte de una política pública más inclusiva. Este cambio refleja un paso adelante en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos humanos en el país.
