Aborto en Guanajuato: una nueva iniciativa para despenalizar

El Congreso de Guanajuato vuelve a poner sobre la mesa el tema del aborto con una nueva propuesta para despenalizarlo, la quinta en los últimos siete años. Aunque en intentos anteriores la mayoría legislativa ha frenado las reformas, esta nueva iniciativa refleja que la demanda social y el debate sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) siguen vigentes en el estado.

Guanajuato y su marco restrictivo

Actualmente, el aborto en Guanajuato solo está permitido bajo causales específicas como violación o cuando la vida de la mujer está en riesgo. Esta situación ha generado críticas de colectivos feministas, especialistas en salud y organismos de derechos humanos, quienes señalan que estas limitaciones no eliminan la práctica, sino que empujan a las mujeres a procedimientos clandestinos, con mayores riesgos de complicaciones y mortalidad materna.

Antecedentes legislativos

En menos de una década, el Congreso local ha recibido cuatro propuestas para reformar el marco legal sobre el aborto, todas ellas rechazadas. Sin embargo, este nuevo intento ocurre en un escenario diferente:

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en 2021 que criminalizar el aborto es inconstitucional.
• Varios estados del país ya reconocen el derecho a la ILE hasta las 12 semanas de gestación.
• Los movimientos sociales a favor de la despenalización han cobrado fuerza y visibilidad en la opinión pública.

Lo que demuestra la experiencia en otros estados

Los casos de la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Baja California evidencian que la legalización del aborto trae beneficios concretos:

• Disminución de abortos inseguros.
• Ampliación del acceso a servicios de salud reproductiva.
• Reconocimiento del derecho a decidir sobre la maternidad como parte de la justicia social y los derechos humanos.

Reflexión final

El aborto en Guanajuato continúa siendo un tema pendiente y urgente en la agenda legislativa. Esta quinta propuesta, más allá de su desenlace, confirma que la discusión no desaparecerá hasta que se garantice a todas las mujeres del estado el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo de manera segura y sin criminalización.

Reconocer que el aborto seguro es un derecho, y no un delito, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, libre y equitativa.